En la capital de Haití, antiguo asiento de la dictadura de los Duvalier, los Tontons Macoutes y del coronel Cedras, se muestra el escenario urbano (y rural) más pobre del continente. En Port-au-Prince con la cuarta parte de la población del país, nos describe el maestro Gérard Pierre-Charles que "las poblaciones marginales están constituidas en gran parte por campesinos desplazados que no llegan a ser citadinos e imprimen a la ciudad ciertos rasgos de aldea sin aspectos bucólicos o ecológicos del campo". Ese escenario urbano a fines del siglo hereda una cultura de la violencia engrendrado en el viejo sistema. Así,

Puerto Principe es el centro de la industria y sobre todo de esta economía especulativa basada en el contrabando, el tráfico de dólares, el peculado con los fondos estatales.

Puerto Principe, la desconocida, podría ser escogida para una antología de la macrocefalia galopante en sociedades en proceso de destrucción o como modelo de crecimiento incontrolable en una sociedad arcaica y en crisis en donde la modernidad constituye un factor de desgarro.(10)

En la capital del Pulgarcito de América una vez concluida la guerra en 1992, que generó en el país centroamericano más de setenta mil víctimas, la violencia urbana se acrecienta. Echa raíces en sectores de la juventud marginada. Ahí el modelo de las bandas angelinas es reproducido en su dimensión subdesarrollada en las maras de San Salvador.(11) Recordemos que "los trabajadores salvadoreños que viven en Los Angeles, San Francisco y Washington y otras ciudades, que suman casi el 20% del total de la población del país, se convierten así en los salvadoreños de un modelo de crisis".(12) En San Salvador, como en otras urbes centroamericanas, como Tegucigalpa, Guatemala o Managua la criminalidad es parte del paisaje cotidiano, generado por el ajuste estructural.(13) Así, en nueve comunidades situadas atrás del mercado de la Tiendona, conocida por Iberia, el poder del Estado tiene límites. El crimen organizado en el proceso de privatización hace suyas las calles pero no insurreccionalmente. Reportes periodísticos apuntan que en la comunidad urbano-marginal de Iberia en San Salvador:

Los peseros son miembros de maras que piden monedas de un colón a todo el que transita por las calles y son el comité de bienvenida a la tierra de la inseguridad. Recorrer a pie la comunidad e exponerse a un asalto. Hacerlo en vehículo no es muy diferente. Los conductores que se atreven a circular por allí, cierran todas las ventanillas y colocan el seguro de puertas. Si el carro lo detienen para pagar el "peaje", la oportunidad es aprovechada para el asalto... Las cifras de los delitos allí no están registradas oficialmente, sólo hay un estimado: 6 heridos diarios en enfrentamientos de maras (según reportes del puesto de Comando de Salvamento del lugar).(14)

Destaca en este marco del desarrollo de la violencia en las urbes latinoamericanas, el caso de La Habana, una de las más antiguas ciudades modernas de América Latina, donde a partir del triunfo de la Revolución Cubana y con la instauración del socialismo la violencia social quedó relegada por la violencia política. Esta última expresión de la violencia fue generada por los grupos y las bandas contrarrevolucionarias con sus actos terroristas. Allí en Cuba, con el llamado periodo especial iniciado en 1991 y recrudecido por el embargo económico estadounidense, generó determinadas condiciones objetivas para la emergencia de una subcultura de la violencia social. La que se expresó en pequeños robos en las calles a turistas y en los insumos a la producción. Sin embargo, el alto nivel de politización y organización de amplios sectores sociales, así como la actuación de los órganos de la seguridad del Estado, han reducido esa violencia a pequeños grupos de dos o tres delincuentes sin capacidad de maniobra y sin espacio de acción. Es decir, el crimen organizado en las ciudades cubanas es difícil que en un momento pueda alcanzar un desarrollo como en el resto de las urbes latinoamericanas, en virtud de que el mismo sistema socialista y sus aparatos de prevención estructuralmente lo inhiben. Sólo la restauración de un capitalismo salvaje o el derrumbe de la hegemonía revolucionaria en los órganos del poder harían factible tal desarrollo de la subcultura de la violencia.

El libro más reciente del Premio Nóbel de Literatura, Gabriel García Márquez, publicado en los últimos días de mayo de 1996 que lleva por título Noticia de un secuesto, muestra los entretelones de uno de los escenarios más violentos que en nuestros días está presente con gran fuerza en nuestra realidad urbana latinoamericana. Nos referimos a la violencia que produce y genera el crimen organizado en las ciudades de Colombia.

Esa obra del escritor colombiano gira en torno a un "secuestro colectivo de diez personas muy bien escogidas, y ejecutado por una misma empresa con una misma y única finalidad". Ese es el hilo conductor por el cual el autor lleva al lector a aproximarse a la interminable lista de atentados que Colombia ha vivido con el desarrollo del narcotráfico y que ha cimbrado las estructuras del poder político en ese país. En México se vive una situación similar en virtud de la dinámica de la vida urbana que se desarrolla en el capitalismo periférico. El tráfico de drogas ilegales y los resultados económicos y sociales que genera la "industria del secuestro" y el asalto bancario, son empresas que por su rentabilidad resultan altamente atractivas para el crimen organizado.

Ejemplos abundan en el caso mexicano. Quizá los más notables de los últimos tiempos sean los secuestros del propietario del principal banco de México, Alfredo Harp Helú en 1994 y del presidente ejecutivo de la empresa Sanyo Electric Co. en Tijuana, el japonés Mamoru Konno. Este último secuestro fue realizado el 10 de agosto de 1996, por el cual los captores exigieron el pago de 2 millones de dólares para liberarlo.

No es casual que el secuestro del empresario nipón se realizó en una de las urbes más pobladas del territorio mexicano donde la subcultura de la violencia se encuentra enraizada. Ciudad donde se da el mayor número de cruces fronterizos del planeta entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Esa ciudad ha sido la sede del cártel de Tijuana (uno de los cárteles menos dañados por la guerra contra el narcotráfico y uno de los más fortalecidos entre los narcotraficantes latinoamericanos por los menos hasta 1996). En esa misma urbe fronteriza la violencia ha sembrado confusión y muerte, destacando el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio entre otros. Resultando así un escenario tan violento como el que ha padecido la ciudad colombiana de Medellín.

Para el crimen organizado esta época de globalización y neoliberalismo ofrece condiciones políticas, económicas y sociales para hacer del narcotráfico, de la "industria del secuestro" y del asalto bancario entre otras empresas, un negocio altamente lucrativo. La importancia de esas actividades muestran que entre 1989 y 1994 en México se denunciaron públicamente más de 2 mil secuestros. Actualmente en el estado de Morelos las ganancias por los secuestros se estiman en más de 25 millones de dólares. Desde mediados de 1994 a la fecha se han registrado "55 privaciones ilegales de la libertad", según la policía morelense. Sin embargo, organismos no gubernamentales apuntan que "la cifra supera los 175 raptos, esto es, más del 300 por ciento respecto al dato oficial".(15)

Esa ola de secuestros impulsados por el crimen organizado, puede pensarse que responde a la dinámica que ha tomado el desarrollo de una economía de libre mercado. Es decir, la seguridad como premisa que debe brindar el Estado a la sociedad es una política que ha sido reducida a su mínima expresión. Así, las políticas de ajuste y privatización han llevado a que el ciudadano sea quien directamente a través de sus propios recursos sostenga sus mecanismos de prevención y seguridad contra la delincuencia organizada.

La delincuencia y la violencia que ella genera tienden a evidenciar sus profundas causas estructurales. El modelo de desarrollo hoy impuesto es el que a nuestro juicio, explica en gran medida por qué el ciudadano ubicado en los estratos más favorecidos económicamente, así como el de los sectores populares, vivan cotidianamente en un clima de inseguridad y zozobra. Escenario que se hace humanamente insoportable y que muestra la fragilidad y el drama económico-social de una sociedad que requiere urgentemente revitalizar sus formas de solidaridad y convivencia social, para con ello tendencialmente reducir las condiciones que generan los niveles de reproducción de la subcultura de la violencia.

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