Entre el 8 y 10 de junio de 1998 se realizó en Nueva York, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, la Cumbre Mundial de las Drogas. Fue sin duda un foro de amplias repercusiones por la trascendencia del tema, en especial para los países de América Latina, que son de más afectados por el desarrollo de esos fenómenos económicos, políticos y sociales.

En la cumbre mundial se puso de relieve la amplia dimensión que en nuestros días tienen el fenómeno del consumo de las drogas, particularmente en las naciones más desarolladas. Resultan el gran dilema de lo que el mundo desarrollado y subdesarrollado enfrentarán el próximo siglo XXI. En nuestro días a fines del decenio de los noventa el presidente de México, Ernesto Zedillo, planteó en la ONU que el narcotráfico se ha convertido en la principal amenaza mundial. Planteamiento que fue claramente identificado durante la toma de posesión del mismo mandatario mexicano el primero de diciembre de 1994. En esa ocasión el presidente Zedillo afirmó categóricamente: "El narcotráfico es la mayor amenaza a la seguridad nacional, el más grave riesgo para la salud social y la más cruenta fuente de violencia".

Hoy en día las estimaciones arrojan cifras apabullantes en cuanto a la producción, consumo y ganancias que deja la industria de drogas a nivel global. Mencionaremos sólo alguna de ellas, considerando que por ser parte de una actividad informal la narcoeconomía no figura en las cuentas nacionales de ningún país del mundo y en ese sentido las cifras son muchas veces especulativas. Incluso pueden considerarse en varios casos estimaciones muy conservadoras. En ese sentido el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID) calcula que esa industria mueve anualmente 600 mil millones de dólares. Y en esa lógica debemos considerar que las perspectivas del consumo de drogas tienden a crecer y diversificarse, sobre todo en la nación más poderosa económica y militarmente de la tierra. A contrapelo de lo que señala el propio general Barry McCaffrey, quien en su discurso puritanista al concluir la reunión de Zedillo y Clinton en Nueva York, en el hotel Waldorf Astoria ha mencionado que anualmente, "Estados Unidos gasta probablemente unos 57 mil millones de dólares en el consumo de drogas ilícitas", agregando que su país "no tiene la mayor población de adictos, pero si la que tiene más recursos para ello" (unomásuno, 9/6/98).

En esa lógica ¿si los EU no es el mayor consumidor de drogas ilegales e incluso legales, entonces cuál nación sería la que tiene el mayor número de adictos? Difícil que tal posición pueda alguien reivindicarlo con excepción del propio "zar antidrogas". Pero esa afirmación no es casual, por el contrario forma parte de una lógica en la que se ve envuelto el discurso político estadounidense, particularmente en tiempos en que las consideraciones o presiones nacionales y domésticas inciden y determinan en gran medida la política exterior de los EU. Por ejemplo, en los últimos años varias encuestas estadounidense consideran el tema de las drogas el principal problema de los EU, por arriba del desempleo, las carencias en el sistema de bienestar social y el de educación.

De esta forma y en esa visión el consumo de drogas en territorio estadounidense parecería reducirse pero la población consumidora tendería a utilizar más recursos para su consumo. Con lo que las drogas no estarían realmente amenazando a la mayoría de la población, es decir, no sería un real problema de salud pública. Por el contrario seguiría siendo, como lo expresó Ronald Reagan en 1986, en su declaración de la "Guerra contra las drogas", un problema esencialmente de "seguridad nacional".

Hay que considerar que años después, en la lectura de la administración Clinton sobre el problema de las drogas en los inicios de 1993, el tema se percibe en términos de modificar la estrategia antidrogas, poniendo énfasis en programas de educación preventiva y rehabilitación de adictos. Sin embargo, el consumo y las ganancias del narcotráfico siguieron creciendo. Esta situación fue lo que modificó la estrategia para orientarla por el llamado "cambio controlado", sugerida por el Consejo Nacional de Seguridad, reasignándole al Comando Sur del ejército estadounidense asentado en Panamá un papel cada vez más protagónico en la guerra contra las drogas. De ahí que la misma Casa Blanca pretenda establecer en Panamá antes de la devolución de la Zona del Canal el último día de 1999 establecer el Centro Multinacional Antidrogas. De esta forma la política del "cambio controlado" con Clinton resulta una nueva versión de la antigua estrategia reaganiana de los ochenta.

Política que hasta nuestros días no ha modificado el tema de la llamada certificación, establecida de conformidad con la Ley Pública núm. 99-570 del 27 de octubre de 1986, como "Certificación Plena". La cual ha sido un instrumento que Washington ha tomado como un elemento central de la estrategia estadounidense antinarcóticos frente a un determinado país productor o de "tránsito" de drogas. Recordemos que el veto de EU contra el país "descertificado" implica su inmediata sanción financiera y crediticia.

Y en ese sentido puede interpretarse la réplica de Ernesto Zedillo, quien en su discurso en la ONU demandó "la implantación de una estrategia para que cada país asuma su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, que reconozca a todos los gobiernos iguales derechos y deberes, que respete la soberanía de cada nación y que nadie pueda erigirse en juez de los demás ni se sienta con derecho a violar las leyes de otros países en aras de hacer valer las propias" (unomásuno, 9/6/98).

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