En este trabajo se recocogen algunos planteamientos y reflexiones sobre el fenómeno del narcotráfico en América Latina. Estos planteamientos han sido difundidos en forma de colaboraciones periodísticas y en ellas se da cuenta de diversas situaciones del desarrollo del narcotráfico en la región. De forma tal que lo que ordena este volumen es por un lado la temática y por el otro la seriación de los trabajos aquí presentados.

¿LA GUERRA QUE EU SI PUEDE GANAR? (19/01/96)

La captura y extradición a EU de uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, el jefe del llamado Cártel del Golfo, el mexico-estadounidense Juan García Abrego, pone de nueva cuenta de relieve el carácter político del fenómeno del narcotráfico en la relación México-EU. Fenómeno que no es exclusivo sólo del primer país, ya que es común en las nuevas "tragedias" de las naciones latinoamericanas involucradas en la industria ilegal más rentable del mundo.

Este nuevo acontecimiento nos trae a la memoria lo que aconteció el año de 1988 en Honduras, cuando el 6 de abril un centenar de agentes de ese país, asesorados por miembros de la DEA, detuvieron en un barrio residencial de Tegucigalpa al presunto narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, uno de los principales barones de los cárteles del Atlántico y de Guadalajara. Acusado por los EU de estar involucrado, junto con narcotraficantes mexicanos (como Miguel Angel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca "Don Neto", hoy recluidos entre otros en la prisión de máxima seguridad de Almoloya, México) en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

En ese entonces, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Carlos Montoya, declaró que si el capo aparecía en EU, se trataría de un "secuestro" y de un "acto inconstitucional". Al día siguiente Matta Ballesteros estaba recluido en un prisión norteamericana del estado de Illinois. La extradición del narcotraficante hondureño a territorio norteamericano (así como la de García Abrego), generó en diversos círculos reacciones inmediatas. En el caso de Honduras algunos profesores de derecho manifestaban que EU no respetaba las normas constitucionales de su país.

Habría que recordar que eran los tiempos de la segunda presidencia republicana de Ronald Reagan, cuando el conflicto centroamericano estaba en su apogeo y la concepción y estrategia de la seguridad nacional norteamericana había puesto al territorio de Honduras como plataforma de la presencia militar norteamericana en Centroamérica. A su vez en esos momentos se ubicaba como uno de los principales enemigos de la sociedad estadounidense a los narcotraficantes latinoamericanos. Este nuevo enfoque surgía en medio de la campaña electoral del candidato republicano, George Bush y cuando se estaban comenzando a resquebrajar los regímenes del bloque socialista en Europa Oriental. Al año siguiente, en diciembre de 1989, Bush ya en la euforia del triunfo de la caída del Muro de Berlín, ordenaría el derrocamiento y extradición del ex agente de la CIA y hombre fuerte de Panamá, José Antonio Noriega, acusado de nexos con los cárteles colombianos de la droga.

La reacción en otros sectores hondureños, sobre todo los populares y universitarios, fue protestar por la violación a la soberanía nacional. Incluso las protestas generaron disturbios en los cuales fue atacada la sede diplomática de los EU, e incendiadas las oficinas del Consulado y del Servicio de Información de los EU (USIS). En esos tiempos era embajador de los EU John Dimitri Negroponte, posteriormente también embajador de su país en México. En el caso del narcotráfico en Honduras, finalmente se llegó a la conclusión de que el narcotraficante Matta Ballesteros fue extraditado a EU por el gobierno de Honduras a cambio de no revelar nombres de oficiales de las Fuerzas Armadas participantes en el tráfico de drogas y de un desembolso de préstamos retenidos por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). De acuerdo con esta versión, el pacto fue hecho por el embajador norteamericano y por el entonces presidente José Azcona Hoyo.

A diferencia de Honduras, en Colombia la extradición a EU de los barones de la droga esta excluída desde 1991. Por ello el presidente Ernesto Samper ha manifestado: "La figura de la extradición no está en la agenda del gobierno y no lo está porque así lo dispuso la Constitución que juré cumplir". Evidentemente esto puede pensarse que le da una garantía a la narcoburguesía colombiana, sin embargo José Santacruz Londoño prefirió fugarse el 11 de enero de 1996 de la prisión de La Picota. En los casos de los capos de Almoloya, estarán pesando: ¿La guerra de las drogas es la guerra que EU sí puede ganar?

NARCOESCANDALO PRESIDENCIAL (26/01/96)

Colombia es uno de los países de América Latina más afectado por el narcotráfico, flagelo que ha generado una grave crisis política. Así, el 11 de enero pasado, de La Picota en Bogotá, cárcel considerada de "máxima seguridad", escapó el tercer hombre del llamado cártel de Cali, José Santacruz Londoño, quien compartía la prisión con los dos principales hombres de esa organización, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. La fuga se gestó en meses previos a que en EU se certifique si Colombia es un fiel aliado en su combate contra las drogas y cuando arreciaban las críticas contra el presidente Ernesto Samper, por el supuesto financiamiento de esa organización a su campaña presidencial en 1994.

A esos hechos se suma la nueva acusación que el 22 de enero de 1996 formuló el ex ministro de Defensa y ex director de la campaña presidencial de Samper, Fernando Botero Zea. Ese antiguo colaborador reconoció que: "El presidente está seriamente comprometido con el ingreso de dinero del cártel de Cali a la campaña" (Novedades, 23/I/96). Antes de esa declaración, la senadora liberal María Izquierdo también reconoció la procedencia de esos recursos financieros para impulsar la campaña presidencial.

Hay que notar que esas acusaciones adquieren un peso inusitado al provenir de gente de la mayor confianza de Samper. Este tipo de denuncias y de hechos fortalece la imagen de una Colombia corrupta, donde impera la impunidad. Las formulaciones contra el presidente colombiano provienen desde el 20 de junio de 1994, exactamente al día siguiente de haber ganado la elección y cuando el candidato conservador Andrés Pastrana, al sentirse más que derrotado, pidió la renuncia del presidente electo en el caso de comprobarse la infiltración del narcotráfico. En aquellos días la televisión colombiana divulgaba noticias que afirmaban que los Rodríguez Orejuela habían filtrado recursos a las campañas de Samper y Pastrana. El objetivo era "aportar dinero a las campañas presidenciales para luego solicitar un tratamiento preferencial jurídicamente al nuevo gobierno" (Novedades 23/6/94).

Los vínculos reales y comprobados del narcotráfico con el poder político son los mejores argumentos de EU para justificar sus imposiciones sobre la frágil soberanía colombiana. Tendencia que se manifiesta en otros países latinoamericanos como México, donde el narcotráfico ha logrado infiltrarse y "sí ha corrompido a cuerpos policiacos", como reconoció el presidente Ernesto Zedillo (Novedades/24/I/96).

Sin duda México, Bolivia, Perú y otras naciones de la región comparten con Colombia ese problema. Son países vulnerables que en marzo de 1996 serán de nueva cuenta sometidos a un examen de buena conducta. En el jurado figurarán organismos estadunidenses como la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), la Oficina de Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado, las embajadas estadounidenses, el Departamento de Defensa y por último la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En las certificaciones de la guerra contra las drogas, Colombia será de nueva cuenta puesta en el banquillo de los acusados. La mejor prueba para someterla es aprovechar desde ahora los narcoescándalos presidenciales, crisis política que a su vez genera una ingobernabilidad que pondrá en entredicho la capacidad para ejercer la soberanía nacional. Fórmula perfecta para imponer los designios imperiales. Recordemos que en los círculos del poder norteamericanos surgió el concepto de "colombianización", como una expresión para denigrar a aquellos países que padecen el narcotráfico, a los que se les impone la idea de la seguridad nacional (norteamericana) en su lucha contra las drogas, opuesta a la noción de defensa de la soberanía nacional. Esta estrategia imperial ha logrado redimensionar a los enemigos de Washington, que claramente los identificó William Clinton al rendir su informe el pasado 23 de enero: el narcotráfico latinoamericano y los indocumentados de la misma región.

¿VUELVEN LAS CERTIFICACIONES? (02/02/96)

En los primeros días de marzo, se conocerán por parte del gobierno estadounidense las nuevas certificaciones de los países del mundo (en especial de los latinoamericanos) que cooperaron con los EU en su guerra contra el narcotráfico. Es evidente que México, Colombia y Bolivia, entre otros, son de los que figuran en el banquillo de los acusados.

Ahora es la alianza de los senadores estadounidenses Alfonse D'Amato (republicano) y Dianne Feinstein (demócrata) quienes encabezan la embestida contra México en su lucha contra el narcotráfico. Recordemos que en otro momento la encabezaba el senador Hesse Helms, uno de los más conspicuos representantes de la ultraderecha norteamericana.

La alianza de estos miembros del Senado estadounidense se da en un momento muy propicio para lanzar su ofensiva antimexicana. Por un lado, el propio presidente William Clinton el pasado 23 de enero en su informe ante el Congreso norteamericano había señalado a los dos enemigos principales de los EU: el narcotráfico y los indocumentados. Fórmula perfecta que ha servido desde los años de la era Reagan para justificar la nuevas intervenciones norteamericanas en América Latina.

Recordemos que desde la percepción imperial norteamericana "la amenaza comunista" culmina entre 1989 y 1991, surgiendo entonces el diseño de una nueva política de intervencionismo, la cual identifica a lo nuevos enemigos del imperio al sur de sus fronteras. Exactamente allí donde transitan miles de hombres y mujeres indocumentados en busca de trabajo y algunos ingresos para el sostenimiento familiar. De igual forma, el narcotráfico cada vez más floreciente en la región, crece en la misma proporción que se incrementa el desempleo y la marginación social, a él se le identifica como la amenaza externa que provoca la erosión del puritanismo anglosajón norteamericano.

De esta forma, en los círculos del poder de Washington, la lucha contra los inmigrantes indocumentados de América Latina y las drogas procedentes de la región fueron asociados en la doctrina de la seguridad nacional norteamericana. Es decir, en la medida que en las calles de los EU proliferaban y se incrementan los trabajadores indocumentados (hispanos) para esa visión crecía el consumo de drogas en la ciudadanía norteamericana. Así, la reponsabilidad no estaría dentro del territorio estadounidense, sino en el exterior, particularmemente al otro lado del llamado río Bravo.

Esta percepción es en el fondo lo que promueve la llamada certificación que hace EU sobre los países latinoamericanos en el combate a las drogas. Sin embargo, también se tiene que reconocer que en países como México o Colombia el narcotráfico ha crecido como un producto generado por la alianza de los sectores más deformantes de las sociedades latinoamericanas, que han generado una narcoburguesía, la cual ha requerido contar con la ayuda de diversos segmentos marginales para así erigirse como un sector con influencia política y poder económico. Realidad que tampoco puede ser negada. Dilema y reto que las mejores voluntades de México, Colombia y otros países latinoamericanos también tienen que afrontar, de lo contrario seguiremos siendo escarnio y burla de los designios imperiales del Congreso norteamericano.

Próxima Página • Última Página